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lunes, 11 de abril de 2011

Ampara Justicia Federal a Trabajadores Despedidos de la CEDH


Raul Arturo Ramirez Ramirez
 * Obligarán al Ombudsman a Pagar más de 30 Millones de Pesos en Indemnizaciones

Alfonso CAMPOS-RUBIO

HERMOSILLO.- La justicia de la unión ampara y protege a los extrabajadores de la CEDH Sonora, Héctor Rafael Corro Picos, Francisco Javier Velez Ham, Belém María Estrada Rodríguez, María Jesús Romero Ramírez, Cristina Varela López y Celia Valenzuela Rodríguez, contra los actos, por las autoridades y razones, expuestos en los considerandos segundo, cuarto y sexto de la presente resolución, respectivamente, asienta la licenciada María del Carmen Cordero Martínez, Jueza de Distrito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con sede en Chihuahua, Chihuahua.

Lo anterior en el juicio de amparo 1184/2010, promovido por los beneficiarios de la sentencia respectiva, quiénes fueran despedidos injustificadamente por las nuevas autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezados por Raúl Arturo Ramírez Ramírez, contra quién, además del congreso, gobierno del estado, secretario de gobierno, director del boletín oficial, junta local de conciliación y arbitraje, y tribunal de lo contencioso administrativo, solicitaron y lograron el amparo y protección de la Justicia Federal.

Asimismo, se informó que el resto de los 25 demandantes de garantías individuales constitucionales, interpusieron dicho recurso ante la oficialía de partes del PJF en esta capital y en dos expedientes globales fueron canalizados a Juzgados de Distrito en Culiacán, donde al parecer ya se tomó idéntica decisión jurídica, al comprobarse la irresponsabilidad, en primer plano, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismo de competencia para conocer el caso de cuando menos 25 demandas por despido injustificado por parte de la CEDH, por cuyo motivo declaró la incompetencia y turnó el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a sabiendas de que los quejosos se encuentran en el Apartado “A” del Artículo 123 constitucional y no del “B”, como pretendió hacerlo aparecer el tribunal laboral.

Por lo que en dicha sentencia de amparo, en el considerando segundo se establece que: “con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32…”.

Asimismo, señala en el apartado C del mismo considerando que: “Cabe destacar que las normas tildadas de inconstitucionales se impugnan en su carácter de heteroaplicativas y el primer acto de aplicación de las mismas se hizo consistir en el auto de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, dictado en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sonora dentro del procedimiento número 465/10/I, en el cual aceptó la competencia declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora.

Igualmente señala dicha sentencia que por su parte la JLC y A “fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificada del oficio mediante el cual le fue solicitado según constancia que obra a foja 154 sumario, motivo por el cual se presume cierto el acto que se le reclama, en términos del artículo 149, de la Ley de Amparo, lo que se corrobora con las documentales que la quejosa anexó a su escrito de demanda de garantías, consistentes en copia del expediente 1387/10, del índice de la responsable, documental que atendiendo a su naturaleza jurídica hace prueba plena de la existencia del acto que se le reclama.

De la misma forma, en el sexto considerando se estableció que: “es fundado el concepto de violación hecho valer por los quejosos en su demanda de garantías, donde esencialmente se expresó que la sanción, promulgación, publicación y refrendo de los artículos 64, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 2º, 112, fracción I y 6º Transitorio; todos de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y 63, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son contrarios al texto plasmado en la Carta Magna de la Federación, en virtud de que en ellos se legisló sobre un tópico que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

Por lo que: “En ese contexto, esta juzgadora Constitucional estima que el presente juicio de amparo es procedente respecto al acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, consiste en el auto de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, dentro del procedimiento número 465/10/I, en el cual aceptó la competencia declinada por la JLC y A señalada”.

En virtud de que es un acto de autoridad que causa una afectación de imposible reparación a las garantías individuales de los solicitantes y a su vez, la demanda de amparo fue interpuesta dentro del término de quince días a que hace referencia el artículo 21, de la legislación correspondiente, pues la notificación del acto aconteció el trece de octubre de dos mil diez, surtió sus efectos el once y el término para la interposición de la demanda de garantías comenzó a transcurrir a partir del doce, por lo que el mismo se encontraba aún transcurriendo al momento de interponerse la demanda de amparo ante la oficialía correspondiente.

Igualmente asienta que “resulta procedente analizar en primer término la constitucionalidad de los artículos 64, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 2º, 112, fracción I y 6º Transitorio, todos de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y 63 de la Ley que crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

“Como se dijo con anterioridad, el argumento expuesto por el solicitante de amparo para controvertir la constitucionalidad de los numerales precisados en el párrafo anterior, devienen fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados”, expresa en uno de los apartados de la sentencia señalada.

Con lo anterior la CEDH de la entidad queda obligada a pagar los “salarios caídos” desde el momento en que procedió al despido injustificado de los trabajadores inconformes de dicha institución, así como vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos entre otros, los cual hasta el momento, indicaron los beneficiarios del actual juicio de amparo, asciende a unos 30 millones de pesos, lo cual podría incrementarse sustancialmente hasta en tanto cause estado o se de cumplimiento cabal a la misma.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LA CEDH

Los demandantes añadieron que actualmente en la CEDH Sonora se encuentran múltiples anomalías en sus funcionarios, como es la falta de cedula profesional en la mayoría de ellos, por lo que falsamente se presentan como “licenciados en derecho”, lo cual presupone el delito de usurpación de profesión.

Entre los funcionarios con dichas anomalías señalaron al presidente de la misma, Raúl Arturo Ramírez, el primer visitador Aldo René Saracco Morales, así como Javier Limón, José Gastélum y Omar Antúnez, entre otros, los cuales no cumplieron con los requisitos mínimos para ocupar dichos encargos.